España ha dejado de ser uno de los diez principales destinos de la inversión extranjera directa

Países y empresas se rebelan de nuevo contra las agencias de calificación
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Después de ver cómo España ha dejado de ser uno de los diez principales destinos de la inversión extranjera directa (que cayó en 2009 un 60,6%, muy por encima del 29% de la UE), cómo sus ingresos públicos han caído el doble que en Grecia (6,4 puntos del PIB frente a 2,8 en el caso heleno); cómo su nivel de endeudamiento exterior ha batido todos los récords (1,76 billones de euros), sus hogares han perdido un 20% del patrimonio financiero en apenas dos años y la tasa de paro supera el 20%, solo entonces, la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) ha reconsiderado la facilidad con la que el país va a poder hacer frente a sus obligaciones crediticias. S&P parecía esta semana (con la degradación también de Grecia y Portugal) un notario que certificara lo evidente.
Reconocidas oficial y mundialmente como instituciones independientes encargadas de evaluar la solvencia de empresas y gobiernos, las agencias de rating surgieron en su momento con el propósito de remediar en lo posibles los problemas de información asimétrica inherentes a los mercados financieros. De tal modo que un fondo de pensiones de Alabama sabía, atendiendo a los designios de Moody’s, Standard & Poor's o Fitch, si invertir en deuda pública polaca era un suicidio o, por el contrario, se trataba de una operación con una relación riesgo/rentabilidad más que aceptable.
La potestad que se le dio a este duopolio (aunque Fitch es la tercera más grande del mundo, su volumen no es comparable con las otra dos) creaba todos los incentivos para tratar de influir en sus decisiones. Como asegura un analista chileno, el modelo de negocio está diseñado de tal forma que solo cobren por la calificación en caso de que el emisor del producto financiero la utilice, lo que invita a dar la máxima puntuación posible. Para hacer frente precisamente a estas críticas, el economista Immanuel Brugger estima que en los últimos años aproximadamente el 10% de las emisiones de deuda en EEUU son evaluadas por las agencias sin costes y difundidas como información pública o evaluación no solicitada.
Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora el mismo equipo que se ocupaba de calificar una emisión ofrecía servicios de asesoramiento sobre la estructura de los activos. Así, al conocer internamente el funcionamiento de los modelos de calificación aplicados, era más fácil diseñar estructuras que, utilizando dichos modelos, obtuviesen la máxima nota.
En el caso de las empresas, el historial de mala praxis va de los escándalos de Enron o WorldCom, al más reciente de Lehman Brothers, cuya investigación en el Senado de EEUU ha desvelado hace unos días una conversación en la que un analista de Moody’s le decía a un banquero que la revisión del rating no se definiría hasta que “el tema de las comisiones” estuviera resuelto.
El precedente de Asia
La deuda soberana tampoco es motivo de muchas alegrías. Los inversores entienden que las agencias está dotadas de capital técnico y humano suficiente para anticiparse y advertir el deterioro de las cuentas públicas de un país. “Lo que es inexplicable no es la rebaja de S&P a España esta semana, sino que Moody’s la mantenga tan elevada”, asegura un analista.
La historia más reciente también les deja en evidencia. El profesor Ángel Villariño ha analizado cómo las agencias de calificación fueron incapaces de ver en 1997 la crisis financiera en Asia hasta que estalló. En el caso de Tailandia, S&P, que en septiembre mantenía la calificación de su deuda a largo plazo en A-, se vio obligada por la evidencia de los hechos a rebajarla a BBB en octubre. Moody’s, por su parte, la revisó aquel año hasta en siete ocasiones: de la A2 que le otorgaba en febrero, hasta la Ba1 que le concedía en diciembre. Corea del Sur tampoco se libró de ver cómo en dos meses, y tras la intervención del FMI, su valoración pasaba por, A+ (24 octubre), A- (25 noviembre), BBB- (11 diciembre) y finalmente B+ (22 diciembre). Las guías, como se ha constatado esta semana, iban por detrás.
Un experto las exculpa aduciendo que los ratings no miden el riesgo de liquidez o facilidad de venta del bono en el mercado secundario, sino que son una “opinión” acerca del riesgo de crédito, y solo miden las probabilidades de impago y la pérdida esperada si los títulos se mantienen hasta el vencimiento.
La solución no es fácil. El Gobierno cree que la rebaja a España es injustificable, el presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha relativizado esta semana su papel, aunque no ha negado que son "útiles". Y tanto el ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, como la canciller, Angela Merkel, apuestan por la creación de una agencia independiente europea para establecer los ratings y liberarse de la dependencia de las agencias norteamericanas (el 17% de Moody’s –propiedad de Dun & Bradstreet - pertenece a Warren Buffet, y Standard & Poor’s es parte de la corporación de medios McGraw-Hill).
Mientras, los pequeños inversores dan palos de ciego, y en un acto de fe y a falta de algo mejor, siguen otorgándole credibilidad a sus calificaciones