la reducción de los déficit públicos

Lo decía ayer con toda claridad un analista. “Es probable que se hayan salvado, por el momento, el euro y las bolsas; pero falta por concretar todavía lo más difícil: la reducción de los déficit públicos”. Y no le falta razón. Como sostiene un antiguo secretario de Estado de Presupuestos, “ahora toca gobernar” y, por el momento, Salgado se ha limitado a anunciar el recorte, pero sin dar pistas sobre en qué partidas se aplicará.

La vicepresidenta tan sólo ha dejado recientemente una cifra en Bruselas que ha debido hacer saltar las alarmas. Según la comunicación oficial que ha enviado a España a la Unión Europea –fechada el pasado 31 de marzo- la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas se situará al acabar este año en 694.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, será equivalente al 65,9% del PIB.




Para hacer una idea de los que significa esta cifra hay que tener en cuenta que al comenzar la crisis, en 2007, el endeudamiento público se situaba en 380.660 millones de euros, lo que significa que en apenas tres años habrá crecido nada menos que un 82%. O dicho con otras palabras, la crisis ha dejado ya una factura de 313.340 millones de euros para las próximas generaciones. Esta es, precisamente, la vía de agua que intenta cerrar ahora el Gobierno con su anunciada política de recorte del gasto público. Algo que hoy por hoy continúa siendo una incógnita.

Lo que también está meridianamente claro es que tamaño ajuste fiscal no se puede hacer sin el concurso de las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos), que controlan más de la mitad del gasto público, y de ahí que ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, lanzara el primer aviso para navegantes. El ajuste se aplicará en todas las administraciones. Es lógico teniendo en cuenta que, según los últimos datos disponibles, de cada cien euros que se gasta el Estado, 19,2 euros los ejecuta la Administración Central; otros 28,8 euros son responsabilidad de la Seguridad Social. Las comunidades autónomas, por su parte, disponen de 36,3 euros para gastar, mientras que las corporaciones locales cuentan con 15,4 euros.