al finalizar 2009 el déficit ha alcanzado el 11,2% del PIB.

Al haber sobrepasado España en 2008 el límite del 3% de déficit público, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de déficit excesivo; al finalizar 2009 el déficit ha alcanzado el 11,2% del PIB. La ministra de Economía y Hacienda ha presentado un Plan de Austeridad que pretende reducir el déficit en 52.000 millones de euros, de los que 11.000 millones se obtendrían por mayores ingresos derivados de las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y lucha contra el fraude y 41.000 millones por reducción de gastos. El Plan es insuficiente ya que el déficit ha de reducirse en 8,2 puntos del PIB, es decir, 86.000 millones de euros.

La falta de transparencia sobre las partidas presupuestarias a reducir en 2010 y en el trienio siguiente y la cuantificación de las bajas en cada una de ellas ha restado credibilidad al Gobierno ante los mercados financieros, dando lugar a que el diferencial del bono español a 10 años frente al alemán haya sobrepasado los 200 puntos básicos. Tal hecho está repercutiendo en el tipo de interés que los prestatarios españoles, tanto públicos como privados, tienen que pagar al solicitar nuevos préstamos.

El recorte de gastos efectuado por el Gobierno no ha afectado al Capítulo 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios" de los Presupuestos Generales del Estado consolidado, cuyo importe asciende a 8.542,91 millones de euros. Este capítulo comprende todos los gastos de funcionamiento de los servicios y representa la cuarta parte de los gastos de personal. ¿Qué razones han existido para dejarlos excluidos del recorte presupuestario cuando aquí se encuentran los gastos de los parques móviles de todos los entes públicos de la Administración del Estado, gastos de viaje, indemnizaciones por razón del servicio prestado, publicaciones, compras... que precisamente en época de crisis deben ser los primeros en ser objeto de restricción presupuestaria?

A pesar del fuerte aumento que en el PIB ha tenido la producción de servicios colectivos y de su mayor coste unitario, en relación con la empresa privada, es evidente el deterioro que en la calidad de bastantes servicios públicos viene padeciendo la sociedad española. Cuando en España la producción de servicios colectivos supone el 16% del PIB y el 15% de la población ocupada, con mucho la empresa más grande del país, parece inconcebible que la actividad productiva de las administraciones públicas no se organice con sentido empresarial.

La producción de servicios colectivos nunca ha sido considerada bajo una óptica de eficiencia. En principio, su escasa cuantía, su consideración por los economistas como una actividad improductiva y su alejamiento del mercado, tanto por el lado de la demanda, como por el de la financiación, podría justificar el tratamiento puramente administrativo y burocrático con que se ha concebido la producción de los servicios públicos. Hoy día, no cabe continuar con la postura de ineficiencia. Por ello la organización que la administración pública debería adoptar para producir los servicios colectivos debe ser análoga a la del sector empresarial productor de bienes y servicios privados, introduciendo en la medida de lo posible criterios de mercado. En otro caso siempre seremos ineficientes.

José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid