sábado, 25 de septiembre de 2010

Montilla un Fracaso

El aumento de la retención del IRPF del 43 al 45% para las rentas superiores a los 120.000 euros es un palo para los directivos de una empresa que dependen de una nómina. Bien, pues ese palo hay que multiplicarlo por dos o por tres en el caso catalán.


Antes de que la ministra Elena Salgado nos deleitara con su fino humor, su compañero de partido Antoni Castells ya había anunciado una subida del impuesto de la renta en Cataluña. El aumento de Castells es de dos puntos para las rentas de 120.000 euros y de cuatro puntos para las de 175.000 euros.

Para sintetizar y no alargarlo, un catalán o una catalana que gane 120.000 euros pasará el próximo año tributar un 47% en vez del 43 que ha pagado este año y si cobra más de 175.000 euros pagará hasta el 49 de su renta. ¡Seis puntos más que el año anterior!

La subida estatal puede considerarse justa o injusta, pero lo que clama al cielo es el desequilibrio entre Cataluña y el resto de España. La mayoría de los afectados son directivos, pero también existen muchos investigadores o ingenieros que están en esas cifras salariales. Estas personas, a las que los políticos muchas veces llaman talento, tendrán que decidir ahora si se quedan en Cataluña y asumen el aumento de la carga fiscal, o si por el contrario trasladan su domicilio social a Madrid, donde en vez de un 49% pagarán un 44. Desde luego, la decisión del Gobierno de Montilla no es la mejor manera para atraer ni talento, ni a directivos de empresas que decidan implantarse en Cataluña.

El problema es que el IRPF no es un caso único. En Cataluña pagamos más por impuesto de Sucesiones, por Donaciones, por tasas diversas, por el agua, por los peajes o por un mayor aumento del IPC. Una larga retahíla de desventajas que hace que mucha gente se plantee en serio fijar su domicilio en Madrid para lograr un ahorro. Los despachos de abogados de Barcelona cada vez tienen más trabajo en este sentido. Sus clientes lo tienen claro: "Nos fríen a impuestos... pues nos vamos a Madrid".

Jordi Sacristán, delegado de elEconomista en Barcelona.

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