Limitando el Derroche

Muchos municipios presentan unas cuentas públicas insostenibles tras el desplome del sector inmobiliario. El miedo de los alcaldes a tener que responder personalmente de las deudas del Consistorio amenaza con provocar una situación insólita: el cierre del Ayuntamiento y la entrega de llaves.

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La deuda pública real asciende al 75% del PIB

2010-08-30
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Libertad Digital

Un creciente número de ayuntamientos españoles se dirige de cabeza a la quiebra ante la insostenibilidad de sus cuentas públicas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado un desplome de ingresos fiscales sin que, al mismo tiempo, los poderes locales hayan apostado por la necesaria reducción de gastos y endeudamiento público. Más bien al contrario, ya que la deuda de los consistorios sigue en aumento.

Así, si en 2006 recaudaron 16.662 millones de euros gracias al ladrillo, en 2009 sólo obtuvieron 2.525 millones, mientras que en 2010 esta cifra se reducirá a apenas 1.830 millones, informa el diario Expansión. Es decir, un 90% menos que hace cuatro años, según estima el IPE, escuela de negocios líder en el sector inmobiliario.

La insostenibilidad de las cuentas públicas y el riesgo de que los alcaldes tengan que responder personalmente con sus bienes a las deudas contraídas por el Consistorio está generando un estado de pánico en numerosos municipios. Y es que, según un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitido el pasado julio, la Justicia podrá imponer "multas coercitivas" sobre los "patrimonios personales" de los alcaldes en caso de que el ayuntamiento no cumpla sus compromisos de pago a las empresas privadas.

Ante esta situación, Carlos Fernández, presidente de los alcaldes gallegos, admite que "la angustia es general y prueba de ello es que en cada reunión [de municipios] siempre hay algún alcalde que dice que cierra las puertas del ayuntamiento y que me da las llaves, porque ya no saben qué hacer", según señala en una entrevista concedida a La Voz de Galicia.

Desde 1983, año en el entró en la vida política, Fernández no ha visto en los ayuntamientos una angustia financiera como la actual. "No nos queda más remedio que reducir gastos y ajustarnos a los ingresos previstos, teniendo en cuenta además que cada vez hay más fallos en el cobro de impuestos, se generan menos ingresos por actividades económicas y urbanismo y llegarán menos fondos de otras Administraciones", señala.

La única solución es la "austeridad total, reclamar el pacto de financiación local y que la Junta [de Galicia] aplique más transparencia y racionalidad en la distribución de los fondos de cooperación local", asevera.

De hecho, Fernández admite que algún municipio gallego corre el riesgo de no pagar las nóminas de sus funcionarios: "Puede que suceda en algún caso pero, si eso ocurre, apaga y vámonos porque las nóminas son sagradas. Pero vivimos con el miedo en el cuerpo. Ya hay empresas que piden intereses de demora, y a todo habrá ayuntamientos que no puedan hacer frente".