Equilibrar Gastos a Ingresos

"Nuestro cuidado principal debe consistir en que estén nivelados los gastos con los ingresos y que haya congruencia entre el funcionamiento de los impuestos y las necesidades a que se atiende, a fin de que el Estado no se vea envuelto en mayores males si las obligaciones exceden a las rentas".

(Juan de Mariana S. J. De Rege et regis instituione (1599) III, vii).

Cada día que pasa parece más evidente que las medidas adoptadas para evitar el riesgo sistémico de la crisis financiera desatada hace ya casi tres años fueron auténticos disparates. Impidieron que los "demasiado grandes para quebrar" quebraran, pero, como contrapartida, arrojaron a millones de trabajadores al paro en Europa y Estados Unidos y pusieron al borde del abismo a buen número de países europeos.

Aun así, ni siquiera los Estados Unidos se encuentran a salvo del peligro. Y, lo que es mas grave, los problemas no están en vías de solución. Los activos tóxicos siguen inundando parte del sistema, con la amenaza de seguir aumentando, ahora en forma de bonos basura.
Programas de rescate

Los tristemente famosos programas de rescate de los "demasiado grandes para quebrar", además de alentar situaciones de claro riesgo moral, violan los supuestos más elementales para la eficiencia de los mercados, ya que dan al traste con la estructura de incentivos que garantiza la eficiencia.

Pero los programas de rescate fueron además acompañados de otro disparate presuntamente keynesiano: las políticas de aumento de gasto público. Aumento que, como en el caso español, ha colocado en dificultades la solvencia del país y ha obligado al Gobierno a realizar severos ajustes presupuestarios, afortunadamente forzados por los consejos imperativos de Europa y del amigo americano. Esperemos que los ajustes vayan tomando una forma estructural, porque los que se nos han presentado, aunque necesarios, son a todas luces insuficientes.
¿Menos sueldo a los funcionarios?

Nos referiremos primero a aquellas medidas encaminadas a reducir directamente el déficit presupuestario, como la reducción del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones. Es cierto que ambas forman parte de un paquete más amplio, hasta sumar, según las proyecciones, 15.000 millones de euros. Pero nos fijamos en ellas por ser las más problemáticas, si bien es verdad que la aceptabilidad casi con júbilo de la reducción del sueldo de los funcionarios compensa la más controvertida de la congelación de las pensiones.

Sin embargo, si no el público en general, los gobernantes debieran tener en cuenta que dentro del ámbito de los funcionarios no sólo se encuentran los burócratas, inmortalizados con el tristemente famoso vuelva usted mañana de Larra. Funcionarios son los mejores profesionales tanto de nuestro sistema de salud como del sistema educativo, dos sectores clave para potenciar el capital humano del país. Y responden a incentivos como el resto de profesionales de la economía. Dicho de forma más prosaica: en sus manos ponemos nuestra salud y la educación de nuestros hijos.

Son dos medidas de efecto inmediato sobre la reducción del déficit y fáciles de llevar a cabo, aunque estén creando serios problemas a los interventores. Después haremos algunos comentarios a la tan esperada y necesaria reforma del mercado de trabajo.

Se trata, en efecto, de medidas fáciles de poner en práctica y con una importante capacidad de ahorro. Con todo, entrañan algunos problemas. Por lo que se refiere a los salarios, la resolución de 26 de mayo de 2010 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (BOE, miércoles 26 de mayo de 2010) determina que la base de cotización será la misma que "la habida en el mes de mayo de 2010", lo que sin duda puede actuar como un impuesto adicional, haciendo verosímil el tras cornudo, apaleado del refranero castellano.

Pero, además, la bajada parece entrar en conflicto con una sentencia del Tribunal Supremo de 29/05/1995, según la cual no podrían reducirse las retribuciones de los empleados públicos con carácter general, aunque sí ser congeladas. Por otra parte, la congelación de las pensiones podría entrar en conflicto con el Pacto de Toledo. Se trataría de anécdotas, pero reflejan el escaso respeto por el cumplimiento de las normas y el deterioro del marco institucional.
Reformas contundentes

Como emergencia todo está muy bien, pero estamos ante unos momentos estratégicos para emprender una reforma a fondo de la Administración, reforma que probablemente demuestre que sobra un porcentaje significativo de funcionarios, además de organismos públicos multiplicados por diecisiete, Tribunales de Cuentas, de Competencia, Defensores del Pueblo, Agencias Tributarias, por no hablar de los cientos de organismos autónomos y empresas públicas surgidos de un Estado de las Autonomías disparatado e insaciable.

Otro capítulo no menos importante es el de las subvenciones a empresas, grupos de presión, patronales, sindicatos, partidos políticos y un largo etcétera. La mayoría de las subvenciones deberían ser eliminadas; las empresas públicas, vendidas; y los organismos autónomos, desmantelados.

Dicho de otra forma: no sería muy difícil a medio plazo enjugar nuestras deudas, fortalecer nuestra solvencia y devolver la credibilidad a los mercados, todo ello sin que las funciones fundamentales del Estado se resintieran, incluyendo, claro está, la cohesión social. Pero la resistencia numantina del Gobierno ante los embates de la crisis, y la retórica inoperante de la oposición esperando que le caiga el fruto en las manos, no nos permite albergar muchas esperanzas por lo que se refiere a las reformas estructurales para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas.

No debería olvidarse la necesidad de garantizar la estabilidad política que a veces parece resentirse con motivo de los problemas provocados por los retoques de los Estatutos de Autonomía, problema éste añadido a la insaciabilidad de los gastos autonómicos.

Pero para conseguir un crecimiento sólido y reducir el paro no sólo es imprescindible sanear las cuentas públicas y conseguir el equilibrio presupuestario. Es necesaria la liberalización y flexibilización de los diferentes mercados en un marco regulatorio adecuado. Un problema añadido es la inseguridad de nuestro marco regulatorio, que es consecuencia, una vez más, de ese escaso respeto por las normas a que hacíamos referencia.

Pues bien, el problema de la liberalización y flexibilización nos introduce directamente en la tristemente famosa reforma del mercado de trabajo. Cualquier consideración sobre la reforma del mercado laboral debe partir de la constatación de que nuestro tipo de desempleo duplica la media de la zona euro -19,7% y 10,1% respectivamente en el mes de abril-, a sabiendas de que una tasa tan elevada de paro no solamente presiona sobre el gasto público, sino que también reduce los ingresos potenciales.

Quienes se oponen a una reforma en profundidad de nuestro mercado de trabajo tendrían que analizar las cifras, mirar a los ojos a los parados y preguntarse por las causas que las provocan. La explicación es muy sencilla: la rigidez del mercado de trabajo español implica que ante problemas provocados por la crisis que estamos soportando, al no poderse realizar los ajustes vía precios, se realicen vía cantidades. Dicho de forma más sencilla: cuando los costes salariales por todos los conceptos superan a los rendimientos del factor trabajo, si no se pueden reducir los costes, entonces los empleadores no tienen más remedio que mandar al paro a sus empleados.

De ahí que cualquier reforma del mercado de trabajo con vocación de eficiencia debe apoyarse en tres pilares: productividad, libertad de contratación y descentralización de la negociación colectiva. En resumen, es necesario reducir los costes de la mano de obra y ajustar los salarios a la productividad a fin de que la estructura de incentivos favorezca el empleo y la contratación de trabajadores.

Es necesario abandonar de una vez por todas la retórica de unos presuntos derechos heredados de los sindicatos verticales del franquismo. Finalmente, la reforma de las pensiones es otro imperativo en un horizonte próximo. Entre tanto, parece recomendable no sólo dejar que la gente retrase la edad de jubilación, sino también incentivar la permanencia en el trabajo.

Pero las rigideces no sólo afectan al mercado laboral. La liberalización y la flexibilización dejan mucho que desear en el sector servicios en general, por no hablar de esa antigualla corporativa con reminiscencias gremiales que son los colegios profesionales.

En definitiva, si toda crisis es una oportunidad debiéramos aprovechar ésta a fondo. Ello requiere valor y reformas profundas. No se trata sólo de calmar mercados ni de ir tirando hasta que amaine el temporal. La situación que vive España no es responsabilidad de otros, sino de los profundos defectos de nuestro marco institucional. Saber de qué polvos vienen estos lodos es imprescindible para encaminar a nuestro país hacia un futuro de prosperidad.

Victoriano Martín, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.