Una caída del Producto Interior Bruto (PIB) catalán de entre el 23 y el 50%

Una caída del Producto Interior Bruto (PIB) catalán de entre el 23 y el 50%; deslocalización de empresas; un incremento exponencial del déficit; la salida del euro... Estos serían, según diversos estudios, los efectos que provocaría la independencia de Cataluña en su economía, sin olvidar sus efectos letales para España.

Uno de los informes más completos sobre una teórica secesión catalana es el elaborado por el catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa. Sus cálculos indican que el PIB catalán sufriría una caída de 50.580 millones de euros o del 23,4% si se independizara de España. En términos per cápita, se pasaría de los cerca de 29.500 euros a los 22.500, o lo que es lo mismo, “de ser una región más rica que la media española, pasaría a ser una nación más pobre que esa media” y sus ciudadanos “se empobrecerían hasta llegar a un nivel equivalente al que actualmente gozan los ciudadanos de Ceuta”, señala Buesa en su informe.

Sus cálculos apuntan a que las importaciones catalanas retrocederían en una cifra equivalente al 8,8% del PIB de la región, mientras que su déficit exterior se dispararía hasta los 25.700 millones de euros, algo más del 15,3% del total de su economía, lo que convertiría al recién nacido Estado en “la nación más deficitaria del mundo”.

Los cálculos de Buesa no son los únicos que apuntan a un drástico empobrecimiento de Cataluña si se separa del resto de España. El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, ha afirmado en más de una ocasión que la independencia le costaría a Cataluña entre el 30 y el 50% de su PIB en pocos años.

La incertidumbre, la posible hostilidad de los consumidores ante los productos catalanes, la desaparición de las ventajas de pertenecer a la zona euro y el consiguiente establecimiento de aranceles para comerciar con España (el 50% de su mercado) o la UE (el 30%), o la deslocalización de multinacionales que valoran la pertenencia del país a la unión monetaria son algunos de los argumentos que esgrimen los expertos para valorar el coste económico de la independencia.

Uno de los efectos inmediatos de la secesión sería la salida del euro (en el mejor de los casos tardaría 10 años en conseguir acuñar sus euros) y la pérdida de ayudas comunitarias, que entre 1989 y 2013 dejarán en la región la no despreciable cifra de 10.392 millones de euros.

Una Cataluña independiente tendría que contar con su propia moneda, su propio Banco Central y sus organismos reguladores y tendría que haber hecho frente sola, por ejemplo, a los costes del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, en el que varias entidades catalanas han resultado beneficiarias del FROB.

La independencia no casa tampoco con el modelo de negocio de los máximos exponentes de la empresa catalana. La Caixa o Gas Natural tienen gran parte de su negocio y sus clientes en el resto de España. El 35% de los 20 millones de clientes de Gas Natural están en el resto del país y sólo el 10% en Cataluña. Mientras, siete de cada 10 sucursales de La Caixa se sitúan fuera de Cataluña.

Los efectos adversos en la actividad de una eventual secesión se sumarían a la pérdida de peso que la economía catalana ha experimentado en el conjunto de España en los últimos años.

De más a menos
Los datos de la Fundación de las cajas de ahorros (Funcas) indican que el PIB catalán cayó en 2009 por encima de la media española y constatan que su peso en el conjunto de la economía ha ido reduciendo paulatinamente hasta situarse en el 18,68% del total, superada por Madrid (18,71%).

Cataluña ha sufrido más que otras regiones los envites de la crisis. Los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del año indican que la región arrastra una deuda de 25.079 millones de euros, más de una cuarta parte del total de todas las autonomías españolas. El deterioro de las cuentas públicas catalanas se ha traducido también en una drástica rebaja de la calificación por parte de las agencias de rating. En diciembre de 2009, Moody’s bajó la calificación de la deuda catalana desde Aa3 a A1 con perspectiva negativa.