Cajas a Bancos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asumido las peticiones del sector en la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), lo que significa que se les darán tres opciones a las entidades: seguir con la estructura actual, emitir cuotas participativas con derechos políticos o convertirse en bancos. Asimismo, la norma prohibirá la presencia de cargos electos en los órganos de gobierno, pero no de cargos nombrados a dedo por las instituciones políticas.

Estas tres opciones fueron solicitadas por el presidente de Bancaja (en proceso de fusión virtual con Caja Madrid y otras cinco cajas pequeñas), José Luis Olivas, hace unas semanas en la Universidad Menéndez Pelayo, y el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, afirmó que el supervisor apoyaba estas fórmulas.

Las cajas que opten por emitir cuotas participativas, podrán colocar hasta un 50% de su capital en el mercado, lo que significa que las entidades fundadoras (instituciones políticas en la mayoría de los casos) mantendrán el control de las entidades. Si prefieren convertirse en bancos, las cajas se transformarán en fundaciones que serán accionistas del nuevo banco, gestionarán la obra social y la financiarán con los dividendos. Esto es una copia del modelo italiano, que en la práctica supone la privatización de las cajas.

Esta vía está pensada sobre todo para los SIP, las famosas fusiones virtuales, en las que varias cajas ponen en común sus recursos propios y sus beneficios en una nueva entidad, que será un banco y que, con esta reforma de la ley, podrá salir a bolsa. La unión de Bancaja y Caja Madrid ya ha dicho que esa es su intención una vez que culmine la integración. Además, se trata de una fórmula que ya se ha puesto en marcha de facto con la intervenida CCM, que se ha convertido en una fundación accionista de Banco Liberta, la entidad controlada por Cajastur a la que ha cedido todo su negocio bancario.

Cargos electos no, políticos sí

Sea cual sea la fórmula elegida, la nueva ley prohibirá la presencia de cargos electos en los órganos de Gobierno, lo que impedirá que se repitan casos tan escandalosos como el de Caja Navarra, que estaba presidida por el presidente de la comunidad autónoma. Esto se aplicará a diputados nacionales y regionales, alcaldes y concejales, y pretende dar una imagen de despolitización y de profesionalización de las entidades, que es lo que estaban demandando los mercados internacionales.

Ahora bien, eso no significa que vayan a desaparecer los políticos de las cajas, porque podrán seguir siendo consejeros militantes de los partidos que sean nombrados a dedo por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc. Es decir, que los cargos electos podrán poner personas de su confianza y seguir controlando las entidades. Por poner un ejemplo, Caixa Catalunya (fusionada con Manresa y Tarragona) podrá seguir presidida por el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra.

Zapatero, tal y como adelantó Cotizalia hace unos días, señaló que el Consejo de Ministros aprobará mañana Decreto-Ley para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

Asimismo, en una comparecencia tras reunirse con el comité ejecutivo de la CECA, expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas.